La tasa de mortalidad infantil ha tenido reducciones considerables, ya que por ejemplo de 2005 a 2009 se ha disminuido en dos puntos, ahora quince de cada mil niños y niñas nacidas vivas mueren. En contraste, han aumentado el número de muertes por enfermedades respiratorias en niños y niñas de 0 a 4 años, pasando de una tasa de 28.7 en 2005 a una de 36.1 en 2008; en el caso de la mortalidad por causa externa, ésta se incrementó en seis puntos para el mismo periodo. A través de Infancia Cuenta en México 2009 hacemos notar que aunque la mortalidad durante el primer año haya disminuido, otras causas de muerte en edades mayores están en ascenso. Por ello, es urgente poner atención en que seis de cada diez niños y niñas no son derechohabientes del sistema de salud, aún considerando a los registrados en el Seguro Popular.
Cinco de cada cien mujeres de 15 a 17 años ya son madres; distintos estudios internacionales hacen notar que la maternidad adolescente cierra algunas oportunidades de desarrollo social y por la discriminación se afecta el ejercicio de derechos como la educación. En este ámbito los retos son mayores, actualmente, la educación preescolar es obligatoria, pero sólo se atiende a 4 de cada diez niños y niñas pequeños. En la educación básica los resultados de logro académico en matemáticas y español tampoco son alentadores, en 2009 siete de cada diez alumnos no tienen conocimientos suficientes en español y 8 de cada diez no los tienen en matemáticas. Estas cifras se incrementan en tercero de secundaria donde 8 de cada diez tienen logros insuficientes en español y 9 de cada 10 en matemáticas.
La infancia mexicana viene acumulando distintas formas de exclusión social que les niega el ejercicio de derechos, por ejemplo: la cantidad de niños y niñas de 12 a 17 años que no estudian ni trabajan, representan 977,898 ciudadanos de acuerdo al censo del 2000. Estas cifras han aumentado a raíz de la reciente crisis económica, pero la cifra puede llegar a siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, aunque estos datos incluyen datos de mayores de 18 años.
La sociedad actual plantea nuevos desafíos, en relación a la inclusión tecnológica como herramienta para la educación y recreación: sólo 17 de cada 100 niños y niñas tienen acceso a una computadora en casa.
La invisibilidad estadística de la infancia hace que se carezca de un sistema de información que genere y analice datos sobre la niñez mexicana, especialmente el impacto que sobre sus vidas y el ejercicio de derechos tienen los factores económicos, sociales y políticos que atraviesa la nación. En México, no se cuenta con información estadística suficiente para mostrar la situación real de la infancia. La información se presenta de manera esporádica y fragmentada, lo que dificulta el monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Se ha incrementado la criminalización de la infancia a lo largo del país, expresado en diversas medidas dirigidas al combate a las adicciones en niños, niñas y adolescentes, pero que los coloca como el problema mismo; es así que programas como "Mochila segura" y las "pruebas antidoping" son ejemplos de lo anterior. Una expresión creciente de discriminación contra la infancia y adolescencia más excluida son las acciones de limpieza social en contra poblaciones callejeras, a quienes se les asocia con crimen y mala imagen de las ciudades, así que distintos gobiernos buscan su retiro forzado de las calles como una forma de ganar electores.
En materia de explotación sexual y comercial infantil México ha ratificado prácticamente todos los tratados internacionales en la materia; sin embargo la inexistencia de políticas integrales y de recursos públicos suficientes y específicos dirigidos a enfrentar y combatir esta problemática ha generado un aumento visible, pero aún difícil de cuantificar en prácticamente todo el territorio nacional. Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, sobre todo en materia jurídica, todavía en el país no se cuenta con una armonización legislativa que proteja a los niños de todas las formas de explotación sexual, incluida la pedofilia, la trata de personas y los secuestros. Los vacíos en cuestión de tipificación del delito, son aún más evidentes con relación a la explotación sexual comercial en la que encontramos varios estados de la República permite la liberación de los delincuentes y el crecimiento del turismo sexual en las playas mexicanas. Se calcula que al menos 16 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en el territorio nacional.
Desde la declaración de guerra contra el narcotráfico las condiciones de violencia e inseguridad que viven niños y niñas hace que sus derechos sean violentados. En el inicio de este 2010 se calcula la muerte de más de 90 niños, niñas y adolescentes a manos del delito organizado y el propio ejército mexicano. La violencia en sus distintas modalidades (armada, física, psicológica o económica entre otras) es en México un elemento que afecta directamente a casi todos. Como ejemplo, este año se calcula que han muerto en promedio un niño o niña por día como consecuencia de armas de fuego o hecho violentos.
El escenario de este 30 de abril es de claroscuros. Aún con los avances en escasos ambitos para la vida de niños, niñas y adolescentes los pendientes superan a la celebración.
Desde la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) hacemos un llamado urgente para:
-
Avanzar en la construcción del Sistema Integral de Protección de la Infancia, entendido como la articulación de las políticas públicas, programas e instituciones que de alguna forma atienden a la niñez.
-
Armonizar la legislación federal y estatales con la Convención de los derechos de la niñez, como un paso para mejorar el sistema jurídico nacional que enfrenta serios rezados en la defensa de los derechos de la infancia.
-
Realizar un claro esfuerzo de inversión en infancia que permita superar el rezago histórico que enfrentan niños y niñas, diferenciando las partidas presupuestales, garantizando que las crisis económicas no toque los programas de infancia.
-
Avanzar en el rediseño institucional de las entidades vínculadas a la infancia buscando modificar sus estructuras, profesionalizando al personal y vincularlos a modelos basados en el enfoque de derechos de la infancia.
