El pasado 2 de marzo la alumna Mayra Vanessa Martínez Herrera de 10 años de edad, alumna de cuarto año de la primaria “General Lázaro Cárdenas” del municipio de Uruapan, Michoacán; fue encerrada toda la noche por su profesora María Dolores Servín Rodríguez “en castigo” por haber hablado durante la clase.

Han pasado ya seis meses y aún no se ha dado una solución que restituya los derechos tanto de Mayra como de su hermano Lenin quienes tuvieron que dejar la escuela por las constantes agresiones y represalias recibidas al realizar la denuncia.

El día de ayer la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) quien ha seguido de cerca este caso, realizó un llamado urgente a autoridades del Estado de Michoacán, al Mtro. Leonel Godoy Rangel Gobernador del Estado; a Graciela C. Andrade García Peláez, Secretaria de Educación Pública; y al Lic. Jesús Montejano Ramírez, Procurador General de Justicia.

En esta carta, la Redim manifiesta su preocupación por la situación que viven los niños Mayra Vanessa y Lenin Martínez Herrera, quienes se enfrentaron a la violación de sus derechos humanos dentro de la propia escuela, la cual, tiene la obligación de garantizar su protección. Ante ello, se levantó la queja CEDHMICH/IV/0041/010 la cual derivó en una recomendación emitida por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán.

En este sentido, el documento afirma que “el caso de la niña Mayra Vanessa se puede considerar entre las y los defensores de derechos humanos como <<caso paradigmático>> pues muestra claramente las fragilidades institucionales que el Estado de Michoacán enfrenta para garantizar los derechos de protección de niños y niñas”, “pues lamentablemente pese a los distintos procesos no jurisdiccionales y penales abiertos la restitución de derechos de Mayra Vanessa y su hermano Lenin continúan sin cumplirse”.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública del Estado mantiene en sus puestos a la profesora María Dolores Servín Rodríguez y al profesor Arturo Carrillo López, director de la escuela primaria pese a comprobarse que violaron los derechos de niños que tenían bajo su responsabilidad.

Ante esta situación, la Redim urgió a las autoridades correspondientes a actuar a favor de los menores de edad afectados: “Hacer cumplir plenamente la recomendación que emitió desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán. Especialmente en lo relativo a que no pierdan el año escolar, sean regularizados como la familia decida, retornen inmediatamente a su escuela primaria <<General Lázaro Cárdenas>> y buscar mecanismos para garantiza la reparación del daño”.

También indicó que se debe buscar que lo antes posible sean retirados de la escuela las y los funcionarios públicos involucrados en la violación de derechos, así como “Garantizar el derecho a la no-discriminación y protección de los hermanos Martínez Herrera para que regresen de inmediato a su comunidad escolar, desarrollando actividades que promuevan los derechos de la niñez, y buscar acciones de la escuela para resarcir los daños al buen nombre y dignidad de los niños afectados”.

Por último el escrito menciona que es necesario “Garantizar a las y los ciudadanos Michoacanos el derecho de a defender derechos. Especialmente en el caso de la abogada Susana León López, quien ha llevado la defensa de los hermanos Martínez Herrera, viendo afectado su buen nombre y dignidad por parte de funcionarios estatales”.

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Verónica Morales
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