Comunicado de prensa
14 de octubre de 2010.

REDIM demanda frenar la impunidad en torno a Casitas del Sur. Sin sanción a los responsables y sin los cambios legales necesarios será difícil proteger los derechos de niños y niñas sin cuidados parentales

El día de ayer se dio a conocer que las autoridades federales recibieron de una pareja arrepentida a uno de los 14 niños y niñas que desaparecieron del albergue Casitas del Sur, los cuales fueron entregados por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal PGJDF a integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada.

El niño de 16 años, permanece en un albergue de Morelos, ya que sus abuelos, quienes viven en el Distrito Federal, manifestaron carecer de recursos económicos para mantenerlo.

Por su parte, la PGR ofreció una recompensa a quienes dieran datos sobre el paradero de las niñas y niños desaparecidos de Casitas del Sur, La Casita de Cancún y Caifac de Monterrey, Nuevo León.

REDIM saluda esta señal de las autoridades, que posiblemente aportará en la localización de los niños y niñas secuestrados. Sin embargo, es necesario incrementar la contundencia de las investigaciones y  aprehender a las y los responsables para garantizar la ubicación de los niños desaparecidos.

El mensaje de impunidad en torno a este caso es una constante. Las y los responsables continúan libres, pese a la evidencia existente. Especialmente preocupante es que las y los funcionarios implicados sigan sin delimitar su responsabilidad jurídica por entregar a niños y niñas sin ningún mecanismos de vigilancia y seguimiento.

En este sentido la Red por los Derechos de la Infancia en México, una coalisión de 67 organizaciones en 14 estados de la República, hace un llamado a:

• Al Estado Mexicano, en particular al Gobierno del Distrito Federal, para asumir su compromiso con la Convención sobre los derechos del niño y las leyes locales en la materia, para  apoyar a la familia del adolescente localizado a fin que la situación económica no sea motivo de separación familiar.
  
  
• Reiterar la exigencia de investigación a autoridades responsables en los distintos Estados (Distrito Federal, Nuevo León y Quintana Roo).
  
  
• Que el Gobierno de Nuevo León lleve a cabo las diligencias necesarias para establecer la responsabilidad de Patricia Murguía Ibarra, ex directora del Caifac y a quien se le señala como la principal responsable de la desaparición de las niñas y niños de este centro.
  
  
• Señalar que el caso del Distrito Federal el cumplimiento de la recomendación emitida por la CDHDF no se ha ejecutado a cabalidad, pues aún se carece de un sistema de información y seguimiento/protección a niños y niñas sin cuidados parentales.

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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