18 de mayo de 2011

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre la sentencia que condenaba a la maestra Magdalena Rufina García Soto, por complicidad en el delito de violación, cometido en contra de un niño de cuatro años en el Instituto privado San Felipe en el Estado de Oaxaca, resolviendo que dicha Sentencia es inconstitucional y dejando sin efectos la sentencia condenatoria amparando de manera lisa y llana a la maestra.

En este sentido, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) lamenta que, una vez más, las autoridades de procuración e impartición de Justicia dejen en la impunidad el caso de un niño que ha visto violentados sus derechos.

En importante resaltar que a la fecha los autores materiales del delito de la violación siguen en libertad, pues la autoridad judicial no ha ejecutados las órdenes de aprensión que existen contra ellos.

Asimismo, el presente caso, pone en evidencia la falta de mecanismos adecuados para que niñas y niños puedan participar en un proceso judicial y que su participación sea asumida con credibilidad, lo cual se traduce en la inadecuada valoración que hacen las autoridades de dichas declaraciones, además de que sigue existiendo una fuerte estigmatización hacia los niños y niñas que han sido víctimas del delito.

Es preocupante que los largos y complejos procedimientos judiciales revictimizan a niñas y  niños que han sido afectados, e impiden que exista una cultura de denuncia en este tipo de casos, así como un efectivo acceso a la justicia. Por otro lado, las autoridades tampoco han garantizado la restitución de los derechos y la reparación del daño a favor de la víctima. Por todo lo expuesto anteriormente, desde la REDIM:

• Hacemos un llamado a la Autoridad Judicial estatal para que ejecute las órdenes de aprehensión, que aún se encuentran pendientes y se sancione a los responsables materiales del delito.
• Que se cumpla la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se enuncian de manera clara las pruebas que acreditan violaciones a los derechos del niño víctima y a la pronta impartición de justicia.
• Asimismo exhortamos, que más allá de la sanción que se imponga a los responsables, el Estado Mexicano garantice la reparación del daño a favor del niño víctima y la restitución integral de sus derechos.
• Resaltamos la importancia de contar mecanismos de adecuación para la participación de niñas y niños en los procesos judiciales, así como el generar una base estadística, sobre los casos de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delitos, que transparente el desempeño de las autoridades e impida que estos casos queden impunes.

Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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