El día de ayer se llevó a cabo el primer día de trabajos del Foro Internacional  “Justicia para Adolescentes y medidas en libertad”, en el que participaron el Gobierno del Distrito Federal, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,  la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Fundación  Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C.

Los principales objetivos de este foro, que concluye el día de hoy, son impulsar una política pública que privilegie las medidas alternativas a la prisión para favorecer la reintegración en conflictos penales y analizar y proponer reformas a la Ley de Justicia de Adolescentes a dos años de su promulgación en el Distrito Federal.

En este sentido, Marcos Guillén Vicepresidente Américas Defensa de Niñas y Niños Internacional, una organización que tiene 30 años de experiencia en el tema de la infancia, resaltó la importancia de evitar la criminalización de los grupos de adolescentes y jóvenes. La Representante de UNICEF México, Susana Sottoli, consideró que es necesario promover la reintegración social fortaleciendo el respeto de los jóvenes por el derecho de los otros, contemplando la privatización de la libertad como el último recurso. Asimismo, expresó que esta no es una tarea fácil  y que resulta aún más complejo en contextos urbanos como el del Distrito Federal. Apuntó que es un reto que sólo puede ser alcanzado a través de la coordinación de actores y acciones, la asignación de presupuesto, la formación y sobre todo con creatividad y voluntad política. Por su parte el Dr. Luis González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF., destacó que el Distrito Federal debe ser punta de lanza en materia de justicia para adolescentes.

Durante su presentación “La Justicia Penal Juvenil en el Mundo y la importancia de las medidas alternativas a la prisión en la Observación General 10” el Dr. Norberto Liwsky, Director del Observatorio Social Legislativo en Argentina, dijo que la adolescencia esta en un plano de tensión porque también lo está la  sociedad. Recalcó el hecho de que “si no hay respeto a los derechos humanos no habrá ni seguridad ni desarrollo”. Señaló que debe existir una preocupación por la inseguridad de la adolescencia en América Latina.

Refirió las cifras que se han manejado en los medios mexicanos con respecto a que se calcula el 36% de los adolescentes mexicanos que no estudian ni trabajan. Sin embargo, “en América Latina más del 50% de los adolescentes están por debajo de la línea de pobreza y solamente el 40% está concluyendo la escuela media. Señaló que “no podemos dejar de ignorar que la desigualdad constituye en nuestra región, un dato de enorme peso en la definición de las políticas públicas”.

Respecto de las medidas alternativas, el ponente apuntó que “se debe hacer una revisión hacia las distintas formas en que están planteadas las medidas socioeducativas”, acompañado esto, dijo, del compromiso de la sociedad y de los distintos sectores que deben actuar en coordinación. Finalmente resaltó el hecho de que la justicia penal adolescente y las medidas alternativas necesitan construirse desde una perspectiva holística de los derechos del niño que a su vez reconozca los principios de la no discriminación, del interés superior, el derecho a ser escuchado y a participar activamente.

Por su parte, Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, insistió en que México sigue teniendo fragmentos de lo que pretende ser  la atención a niños y niñas  ya que carecemos en nuestro país de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños y niñas, que permita articular acciones legislativas, del poder judicial como programas públicos.

Ejemplificó diciendo que en el DF en 2009, se reportaron al DIF local 1221 denuncias de maltrato infantil, sólo en 172 lograron comprobar el maltrato y únicamente en 5 casos intervino el ministerio público. “Tenemos impunidad”. Estamos hablando de niños y niñas que deberían estar protegidos. “Vivimos en México una guerra contra el narcotráfico, que mas allá de lo legítima que pueda ser; de los 28 mil homicidios, mil de ellos son de menores de edad. Las tasas de homicidios hacia los adolescentes están creciendo en el segmento de 15 a 17 años hasta un 500% en los estados del norte”.

Es grande el impacto que esto está teniendo en la seguridad y en el derecho a un proyecto de vida que no está garantizado ahora para niños y niñas. En el caso concreto del norte del país no solamente tiene que ver con que el delito y el crimen organizado esta focalizando en este segmento de 15 a 17 años ya las balas y sus acciones sino que el Estado se encuentra en indefensión para protegerlos.

Hizo notar la discriminación a las y los jóvenes más excluidos; en la Ciudad de México se entregan 230 000 becas a estudiantes del nivel bachillerato, pero no corresponde con la inversión de sólo 10 000 becas para adolescentes en riesgo social quienes “son los más violentados en la negación y el ejercicio de derechos”. A decir de Pérez García “Tenemos que empezar a superarlo y este foro es una oportunidad para dejar atrás los discursos y comenzar a hablar de hechos”.

Por último dio a conocer que en la Ciudad de México se ha hecho un esfuerzo por más de tres años de construir un Diagnóstico de un Programa de Derechos Humanos donde uno de los segmentos importantes tiene que ver con las y los jóvenes. En este programa están definidas 2400 líneas de acción que obliga a 42 entidades públicas a incorporar en el presupuesto y en sus acciones el cumplimiento de estas líneas de acción. Sin embargo, “hay una dificultad para poder implementar estas líneas de acción porque el sistema, el diseño institucional no tiene enfoque de derechos humanos”. Concluyó diciendo que la Ciudad de México se encuentra ahora en un punto interesante, en el que incluso podría “saltar al rediseño de instituciones y sobre todo en avanzar en la construcción de un sistema integral de derechos en esta ciudad que seguramente si lo avanzamos aquí, podrá tener alcance nacional”.

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Verónica Morales
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