Asunto: Cancelar acciones de limpieza social en contra
de niños y niñas trabajadoras  en Ciudad Juárez

Lic. José Reyes Baeza Terrazas
Gobernador del Estado de Chihuahua

Lic. Ma. Cecilia Landerreche Gómez Morin
Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Lic. Lucia Dennise Chavira Acosta
Directora del DIF Chihuahua

Lic. María Otilia Herfter Rivera
Titular del DIF Municipal de Juárez

PRESENTES

La Red por los derechos de la infancia en México es una coalición integrada por 67 organizaciones de dieciocho Estados de la República Mexicana, quienes desde hace una década venimos promoviendo un movimiento social y cultural para que niñas, niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos. Somos un referente para los organismos internacionales en la promoción y defensa de los derechos de la niñez en América Latina y un interlocutor permanente con los medios de comunicación nacionales en estos temas.

Es por lo anterior que me dirijo respetuosamente para expresar nuestra preocupación por los operativos de limpieza social que el DIF municipal de Ciudad Juárez ha realizando desde diciembre de 2009 y que estos últimos días se han intensificado. Se argumentó ante los medios de comunicación que este tipo de prácticas “disminuyen los riesgos que tienen los niños y niñas que trabajan en las calles” Por lo que realizan recorridos diarios para desalentar  sus actividades, pedir sus datos, dar aviso a sus padres para que dejen de estar en las calles ya que de lo contrario su caso es turnado a la Procuraduría de la Defensa del Menor, dónde los padres pueden perder la patria potestad. Asimismo hacen llamados a la población para que denuncie si ve algún menor trabajando o pidiendo dinero en las calles. haciendoles ver como criminales de los cuales hay que ocuparse.

De especial preocupación resulta enterarnos, que estas acciones se amparan en un programa social surgido hace nueve años desde el DIF Nacional, denominado De la Calle a la vida, por que dicho programa tiene como objetivo “contribuir a dar solución y atención integral, a mediano plazo, a la problemática de las niñas, niños y jóvenes en situación de calle en las principales zonas metropolitanas del país.”

Los operativos realizados contravienen los derechos de los niños y niñas, lejos de enfrentar con la profundidad necesaria los problemas que pretenden combatir, entre otros la pobreza y marginación de los niños y niñas que viven o trabajan en la calle, tales propuestas generan un círculo perverso al provocar una discriminación social y criminalización de las familias más vulneradas en sus derechos humanos.

Más de cinco décadas de atención al fenómeno callejero en América Latina demuestran que las políticas de encierro o de retiro forzado de niños, niñas y adolescentes de las calles sólo constituyen acciones inmediatistas que impiden un proceso de restablecimiento de la cohesión social. Los programas más exitos a nivel internacional son aquellos que parte de la desincorporación gradual de la calle por ofrecer nuevas posibilidad de acceder voluntariamente a espacios alternativos como parte de un proceso de inclusión, interlocución y de formación para la infancia.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado enfáticamente que el Estado tendría que promover programas de vinculación a la escuela y de desvinculación progresiva de la calle, así como programas contra la explotación laboral de niños y niñas. Los operativos implementados no cambian las raíces económico-sociales del problema y que pueden incluso fomentar la corrupción de autoridades. Tales medidas son una oportunidad para que se legalice la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras y quienes trabajan en las calles.

• El Estado mexicano firmó y rectifico con carácter vinculatorio la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que desde el artículo 133 de la constitución Mexicana obliga a todos los gobiernos a reconocerla como ley por encima de las normativas federales y estatales. Las prácticas de limpieza social que desarrolla el DIF Municipal de Ciudad Juárez viola distintas disposiciones de esta ley, específicamente los derechos a la supervivencia y al desarrollo (art. 6 de la CDN), a la no discriminación (art. 2), a la participación en los temas que les afectan (art. 12), el principio del interés superior del niño (art. 3), el derecho a una vida libre de violencia (art. 19), estas son algunas de las violaciones que incurren este tipo de acciones municipales. En el caso de niños y niñas que viven y/o trabajan en la calle con su familia, la iniciativa puede generar además la violación de su derecho a la familia y a no ser separados de sus padres (art, 5, 9, 18), y el Art. 23 de la Ley federal para la Proteccion de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dice textualmente: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad”

Asimismo, recordamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los Casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala y Marco Antonio Servellón y otros vs. Honduras, en los cuales la Corte condenó no sólo “la práctica sistemática de la violencia contra niños en situación de riesgo”, sino la doble agresión de la cual los niños son objeto en este caso: por una parte por su situación de pobreza, porque no se benefician de la debida protección del Estado garantizando el “desarrollo completo y armonioso de sus personalidades”; y porque el Estado ha violado sus integridades físicas, psicológicas y morales, e incluso sus vidas con sus prácticas u omisiones.

Por tales motivos, y en virtud de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, exigimos que se eliminen tales operativos y se retome el espíritu del programa De la Calle a la Vida  aplicando estrategias integrales de atención a la infancia con un enfoque de derechos de la infancia. Se debe reconocer la deuda histórica del Estado Mexicano con esta población excluida socialmente, por lo que toda acción pública debe partir en su diseño y aplicación de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, la consulta con expertos en el tema, así como un presupuesto claramente diferenciado para esta población.

Me despido agradeciendo la atención a la presente y solicitando respetuosamente información detallada de las acciones emprendidas derivadas de esta petición.

México D.F. a 9 de abril de 2010

Atentamente,

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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