REDIM reclama investigación y justicia ante los asesinatos
de ocho adolescentes y jóvenes en el Estado de Morelos
Atribuidos al crimen organizado

C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República Mexicana

Fernando Gómez Mont
Secretario de Gobernación

A la opinión pública:

En los últimos meses, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha externado al Gobierno Federal y la opinión pública su preocupación por la creciente presencia de niños, niñas y jóvenes como víctimas del delito organizado, sucedidas en la lucha contra el delito organizado en diversas entidades del país.

Ahora se suman un nuevo hecho de sangre, el pasado 13 de abril, en el que fueron encontrados los cuerpos de 6 jóvenes en el estado de Morelos; 3 de ellos menores de edad: Víctor Manuel González, Gilberto Jaimes Lara y Carlos Alberto Navarro García de 15, 16 y 17 años de edad; así como Emanuel Uribe Candia de 18, Arturo Leonel Corona García de 20 y Mario Reza Sotelo de 21 años de edad. Sus cuerpos presentaban huellas de tortura y llevaban un mensaje del crimen organizado.

Todos vivían en el municipio de Emiliano Zapata, contiguo a Cuernavaca. De ellos, cuatro se dedicaban a la albañilería, uno era vendedor, y el último era ayudante de electricista. Con el asesinato de estos seis jóvenes, la cifra de víctimas por la lucha que libran los cárteles del narcotráfico en Morelos, suman 41 en lo que va del año.

El día previo, en el mismo Estado de Morelos, apareció en la vía pública otro joven de 16 años que fue torturado, mutilado y asesinado. Así mismo, una adolescente de 16 años también fue asesinada en otro hecho de sangre.
Nos solidarizamos con las familias de las víctimas, y con todos los que padecen las consecuencias de estos actos absolutamente condenables e injustificables, ya que todo tipo de violencia contra niños y niñas, directa o indirecta, es inaceptable y tiene que ser perseguida hasta sus últimas consecuencias y dar castigo a los culpables.

Estos hechos no están aislados.  De acuerdo con la Infancia Cuenta en México 2009, en el Estado de Morelos,  la tasa de mortalidad de la población de 15 a 17 años por homicidio según la entidad de residencia habitual era del 8.1  casos por cada cien mil habitantes en 2007 ocupando el lugar número 27 en nuestro país por dicha causa(1). En 2008 esta tasa de homicidios (en el mismo rango de edad) aumento a 10.(2) Convirtiendo al Estado de Morelos en uno de las más inseguros para la infancia.  

Estos acontecimientos incrementan los casos de niños, niñas y adolescentes heridos o asesinados en el país por el conflicto armado. En octubre del 2009, cinco jóvenes fueron torturados por policías del Estado de Nayarit; en diciembre del año pasado, la bebé Elizabeth Martínez fue asesinada en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes; en el mes de enero del 2010, fueron asesinados tres adolescentes, estudiantes del colegio de bachilleres en la Mesa Tijuana y la masacre de 12 adolescentes y 3 adultos, además de heridas de gravedad a 14 jóvenes más en Ciudad Juárez, Chihuahua que alcanzó impacto internacional.

A ello se suman los hechos ocurridos a finales de marzo en Durango donde perdieron la vida 10 jóvenes, entre ellos 7 menores de edad; a principios de Abril, en Tamaulipas, donde 2 niños de 9 y 5 años de edad murieron al recibir disparos de elementos del Ejército cerca de Nuevo Laredo.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por las dificultades que enfrenta el Estado Mexicano para garantizar los derechos de protección a niñas y niños, amparados en la Convención sobre los Derechos del Niño - ratificada por el Estado Mexicano en 1990 y recogida en el marco jurídico nacional, misma que ampara a toda persona menor de 18 años de edad- y señaladas en las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU dirigidas a México en junio de 2006, quien ha realizado el llamado al Gobierno Mexicano a enfrentar la violencia contra las niñas y niños.

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia a niñas y niños. Recordamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que instó a México en 2006, a que "investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad"(3).

En este sentido el Estudio del Experto Independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, en la parte dedicada a la “Violencia en la Comunidad”, señala que: “En algunos países la delincuencia organizada y la violencia de las bandas ha hecho que los gobiernos adopten medidas firmes de represión contra esos grupos. Sin embargo, cuando esas medidas no se asocian a una estrategia consistente de prevención, un sistema de datos fidedigno y un pleno respeto de los derechos humanos, puede aumentar el riesgo de violencia. Las medidas cada vez más punitivas, incluida la detención a gran escala de presuntos miembros de bandas, asociada con la arbitrariedad, la ineficacia y una imposición violenta de la ley contribuye aún más a estigmatizar a los jóvenes pobres y al aumento de la violencia”(4).

En este sentido, desde la REDIM demandamos al Estado Mexicano, que en cumplimiento de las obligaciones que contrajeron a nivel internacional y en su propia legislación:

1. Exigimos una profunda investigación sobre los hechos antes señalados, deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, castigando a todos los responsables de los mismos e indemnizando a las familias que han perdido a sus hijos e hijas.
   
2. Que las autoridades definan acciones contundentes para frenar totalmente el asesinato y daños en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia organizada y el ejército.
   
   
3. Asimismo, lamentamos el silencio de las autoridades, ante estos hechos y la ausencia de información. Consideramos inaceptable la declaración del Secretario de Gobernación Fernando Goméz Mont en el sentido de que “este hecho acredita en qué contexto de agresión, violencia y fuerza se estaban dando estos hechos”. Y que esto sea interpretado como un argumento para justificar los homicidios de los menores de edad con lo que justifica “el daño colateral”.
   
   
4. Demandamos la entrega de información detallada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el número de niños y niñas que han sido víctimas, detenidos, heridos y asesinados en este contexto de guerra contra el crimen organizado en la presente administración.
   
5. Reiteramos la urgencia de crear a nivel nacional una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.

México, D.F. a 14 de abril de 2010
Atentamente,

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
56.04.24.66
Mail / Messenger
direccion@derechosinfancia.org.mx
www.derechosinfancia.org.mx
www.infanciacuenta.org

1) Fuente: La infancia cuenta en México, 2009.
2) SINAIS,  Base de datos de defunciones 1979-2008
3) CRC/C/MEX/CO/3, párr. 34 c.
4) A/61/299, 2006, párr. 73