A la Opinión Pública:

Por este conducto, la Red por los Derechos de la Infancia en México desea manifestar su profundo repudio por el linchamiento de un adolescente identificado como JAGO en la localidad de Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo a reportes periodísticos, el adolescente de 16 años de edad habría cometido un asalto a un taxista por lo que posteriormente fue embestido por otro taxi, cuyo conductor lo sometió a un interrogatorio y grabó el testimonio con un teléfono celular. Después de haberlo golpeado, un grupo de taxistas lo introdujo a la cajuela de un auto para posteriormente someterlo a distintas agresiones, fue linchado, quemado y asesinado por un grupo de personas. Cabe destacar que policías preventivos del estado presenciaron la escena sin intervenir.

A la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño ‐ ratificada por el Estado Mexicano en 1990 y recogida en el marco jurídico nacional, misma que ampara a toda persona menor de 18 años de edad‐ y de las más recientes observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU dirigidas a México en junio de 2006, así como de las Recomendaciones del Examen Periódico Universal al Estado Mexicano, deseamos manifestar que:

-      Aún cuando este asesinato fue cometido por ciudadanos, la situación muestra el fallo del estado en reducir los niveles de involucramiento de adolescentes dentro de actos delincuenciales. Para el caso de Oaxaca los datos de la Infancia Cuenta en México 2009 señalan que el porcentaje de población 12 a 17 años que no trabaja ni asiste a la escuela: es del 7.7% en el estado; mientras que la tasa de mortalidad de la población de 15 a 17 años por homicidio fue de 7.1%, superando la nacional de 5.3%, lo que muestra que el estado de Oaxaca tiene un alto índice de homicidios a población adolescente de entre 12 y 17 años de edad.

-      Se deben continuar las reformas en materia de Seguridad Pública y del Sistema de Justicia Penal y asegurar que se esté llevando a cabo con rapidez para garantizar que las violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad sean investigadas sistemáticamente, los autores sean llevados ante la justicia y las víctimas sean indemnizadas.

-      Se respete el artículo 19° de la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga al Estado Mexicano y a todas las autoridades a proteger al niño contra toda forma de violencia, así como el artículo 6° del mismo Tratado que consagra el deber del Estado de preservar la vida del niño y garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo.

-      Se respeten las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), donde uno de sus principios rectores sobre la sentencia y la resolución, se declara en la regla 17.3: “Los menores no serán sancionados con penas corporales.”

-      En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño se ha expresado en numerosas ocasiones en contra de los países en donde el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios públicos y militares motiva la violación a estos derechos y culmina en el asesinato. En 1994, este Comité señaló a México el gran número de denuncias de malos tratos de niños atribuidas a la policía o al personal de seguridad o militar, así como el hecho de que no se han tomado medidas eficaces para castigar a las personas declaradas culpables de estas violaciones y no se ha hecho público su castigo eventual. Esto puede dar lugar a que entre la población permee el sentimiento de que la impunidad es la norma y de que, por tanto, es inútil o peligroso formular denuncias ante las autoridades competentes. (CRC/C/15/Add.13. p. 10 1994). Según datos de “La Infancia de la Cuenta en México 2009” sobre el porcentaje de personas menores de edad, puestas a disposición en instituciones de función jurisdiccional, Oaxaca ocupa el lugar número 10 a nivel nacional.

-      De acuerdo con la observación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, se recomendó al Estado Mexicano intensificar la acción contra toda violencia que se traduzca en malos tratos de los niños, particularmente cuando ésta sea cometida por los miembros de las fuerzas policiacas, los servicios de seguridad y militares. El Estado parte deberá garantizar que los casos de delitos cometidos contra niños por los miembros de las fuerzas armadas o policiales sean juzgados ante tribunales civiles. (CRC/C/15/Add.13. p. 17 1994)

Por ello, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México demandamos:

-      Acciones políticas y jurídicas contundentes ante los presuntos responsables para frenar la impunidad, atendiendo al interés superior de la infancia.

-      El respeto pleno de parte de autoridades estatales a los Tratados Internacionales, ratificados por el Estado mexicano, en particular a la Convención sobre los Derechos del Niño en cualquier política de seguridad pública, así como la atención a todas las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, respecto del Examen Periódico Universal.

-      La capacitación a los operadores de seguridad pública a nivel federal en materia de Derechos Humanos y de Derechos de la Infancia en Particular.

-      La creación a nivel nacional de una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.

 

Atentamente,

 

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México 

 

 


 

   

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