• REDIM exige al Estado Mexicano presente sus informes al Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño


El pasado 8 de junio de 2006, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano, el cual tiene la obligación de presentar el día de mañana20 de abril, de manera conjunta, sus informes periódicos cuarto y quinto sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del niño, la cual ratificó en 1990 y que, por lo tanto, se encuentra por encima de la Leyes Federales y Estatales.

Dentro de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, éste reconoció los avances que ha tenido México, también puntualizó algunos aspectos básicos a los que el Estado Mexicano no ha dado cumplimiento. Los puntos de mayor relevancia respecto a la situación actual de los Derechos de la Infancia en México son:

-       Establecimiento del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se crearon en varios Estados de la República, Comités o Consejos estatales encargados de velar para el cumplimiento de las  leyes estatales de derechos de la infancia así como de la Convención. Sin embargo, estos Comités/Consejos  no dan cumplimiento a las Observaciones realizadas por el Comité, ya que carecen de autonomía y recursos económicos y técnicos propios, en gran  parte dependen de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus acciones o recomendaciones no son de carácter obligatorio para las dependencias.

-      Creación de un sistema de datos en materia de infancia. El Estado no ha cumplido con la recomendación de crear un sistema general de datos, desagregado por grupos de edad y sexoy con indicadores para evaluar los progresos en la aplicación de la Convención y medir la repercusión de los factores que afectan los derechos de la infancia..La inexistencia de este sistema impide valorar realmente avances o retrocesos dela aplicación de las políticas públicas y dificulta supervisión de los programas y sus impactos.

-   Educación y salud. Otro punto pendiente, se refiere al establecimiento de una política de estado que garantice los diferentes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la infancia mexicana. Los programas implementados no se encuentran enfocados en la prevención ni atención de los problemas sociales. Un gran porcentaje de la población infantil sigue viviendo en condiciones de pobreza, la cual se encuentra directamente asociada con la deserción escolar y carencias educativas. Por otro lado, a pesar de que en materia de salud se han tenido avances, sigue existiendo una disparidad regional evidente, respecto al acceso a la salud.

-   Violencia. México no ha adoptado las medidas suficientes para disminuir la violencia de la que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, en la familia, la comunidad, o las instituciones que tienen a su cargo sus cuidados y atenciones, como reformas legislativas o políticas públicas integrales para promover – entre otros - medidas disciplinarias alternativas, positivas, participativas y no violentas.

-   Violencia sexual. El estado no cuenta con prácticas efectivas que permitan el acceso a la justicia, una eficaz investigación, ni la restitución de derechos para la población infantil que ha sido víctima de los diversos delitos sexuales. En algunos estudios recientes,  se ubica a México como primer lugar en producción de pornografía de niñas, niños y adolescentes.

-  Justicia para adolescentes. Conforme a lo previsto en el artículo 18 Constitucional,  las diversas entidades federativas del país han emitido leyes de justicia para adolescentes. Es lamentable que a nivel federal aún no se cuente con una legislación en materia de justicia adolescente, por lo que las personas menores de 18 años que han incurrido en algún delito federal, son juzgados por autoridades estatales, que no resultan competentes en la materia y bajo las reglas procesales de los diferentes códigos locales. Asimismo, México no cumplió con la recomendación de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de los 12 hasta los 14 años.

En razón de lo anterior, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) exige al Estado Mexicano:

-  Que  rinda el Informe requerido por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el tiempo señalado y de acuerdo a sus obligaciones internacionales adquiridas en materia de Derechos de Infancia.

-  Que dé cumplimiento a las recomendaciones realizadas en el 2006, por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, entre las que se encuentran las planteadas en el presente posicionamiento, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Atentamente

Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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