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La REDIM reclama investigación y justicia en la reciente masacre de niñas, niños y jóvenes en Pueblo Nuevo, Durango.
C. Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República Mexicana
C.P. Ismael Alfredo Hernández Deras
Gobernador del Estado de Durango
A la opinión pública:
En los últimos meses la Red por los derechos de la infancia en México ha venido expresando al Gobierno Federal y la Opinión pública su preocupación por la creciente presencia de niños, niñas y jóvenes como víctimas del conflicto armado que se vive en diversas entidades del país.
Se suma a esta tendencia, una nueva masacre donde perdieron la vida Juana Francisca de 8 años, Erika de 11, Margarita de 13 años, Yesenia y Carlos, ambos de 15 años, Sergio de 16 e Iván de 17 años y tres jóvenes que les acompañaban el domingo 28 de marzo de 2010 en Municipio de Pueblo Nuevo, Durango. Los hechos reportados en medios de comunicación informan sobre un grupo armado que los atacó con armas de fuego y granadas de fragmentación en las inmediaciones del poblado llamado El Naranjo, cuando regresaban de recibir apoyos para su educación por parte de un programa federal.
El mismo día, pero en Chilpancingo, Guerrero fue asesinado un adolescentes de 14 años de edad, quien fue ejecutado junto con dos adultos más.
Manifestamos nuestra profunda preocupación por las dificultades que enfrenta el Estado Mexicano para garantizar los derechos de protección a niñas y niños, amparados en la Convención sobre los Derechos del Niño - ratificada por el Estado Mexicano en 1990 y recogida en el marco jurídico nacional misma que ampara a toda persona menor de 18 años de edad- y señaladas en las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU dirigidas a México en junio de 2006, quien ha realizado el llamado al Gobierno Mexicano a enfrentar la violencia contra las niñas y niños.
Estos acontecimientos incrementan los casos de niños y niñas heridos o asesinados en el país por el conflicto armado. En octubre del 2009 cinco jóvenes fueron torturados por policías del Estado de Nayarit, en diciembre del año pasado la bebé Elizabeth Martínez fue asesinada en un enfrentamiento entre el ejército y delincuentes, en el mes de enero del 2010 son asesinados tres adolescentes estudiantes del colegio de bachilleres en la Mesa Tijuana y la masacre de 12 adolescentes y 3 adultos, además de heridas de gravedad a 14 jóvenes más en Ciudad Juárez, Chihuahua que alcanzó impacto internacional.
Es importante hacer notar que la reciente masacre no está aislada, de acuerdo a estadísticas elaboradas por el periódico El Siglo de Durango durante este año el municipio de Pueblo Nuevo es el tercer municipio con mayor número de muertes violentas, destacan que la mayoría de los homicidios reportados han sido contra niñas, niños y mujeres, tan sólo el mes pasado murieron cuatro niñas y niños por arma de fuego. Al considerar esta cifra, es alarmante el número de muertes, ya que desde el 2000 al 2008 han muerto en el estado de Durango un promedio de once niños y niñas por arma de fuego según datos de la Secretaria de Salud, misma cifra que ahora tiene el municipio de Pueblo Nuevo en tres meses.
En el municipio de Pueblo Nuevo, Durango de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, viven 47,104, de los cuales el 48.32% son niñas y niños. Este municipio es considerado de alta marginación ya que el 60 por ciento de las viviendas tienen algún nivel de hacinamiento, el 55% de la población ocupada tiene un ingreso de hasta dos salarios mínimos, tres de cada diez viviendas no cuentan con agua entubada y dos de cada diez no tienen drenaje ni servicios sanitarios; además de que sólo 7 de cada diez personas de quince años tiene estudios de primaria completos.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que México ratificó en 1990, el estado debe garantizar el derecho a una vida libre de violencia a niñas y niños. Recordamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que instó a México en 2006, a que "investigue debidamente los casos de violencia y abuso contra niños a fin de evitar que los autores permanezcan en la impunidad"1 .
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El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado mexicano y a todas las autoridades a proteger al niño contra toda forma de violencia, mientras que el artículo 6 del mismo Tratado consagra el deber del Estado de preservar la vida del niño y garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo.
En este sentido es que demandamos al Estado Mexicano, y a las autoridades estatales y federales, que en cumplimiento de las obligaciones que contrajo a nivel internacional y en su propia legislación:
1. Exigimos una profunda investigación sobre los hechos antes señalados, deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, castigando a todos los responsables de los mismos e indemnizando a las familias que ha perdido a sus hijos e hijas.
2. Demandamos la entrega de información detallada por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el número de niños y niñas que hayan sido víctimas, detenidos, heridos y asesinados relacionados con la guerra contra el crimen organizado en la presente administración.
3. Reiteramos la urgencia de crear a nivel nacional una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.
México D.F. a 29 de marzo de 2010.
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
Cel. 044 55 30 45 15 59
CRC/C/MEX/CO/3, párr. 34 c.
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