La REDIM expresa su preocupación ante los distintos acontecimientos que muestran las fragilidades de las instituciones públicas para garantizar la protección de los derechos de niñas y niños sin cuidados parentales
El pasado 20 de agosto se localizó una “celda de castigo” al interior de la casa de asistencia temporal del DIF de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo; en donde encerraban a los niños que presentaban un mal comportamiento. Esta celda fue desmantelada en acato a la medida cautelar emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. También fue destituida la Directora.
Sin embargo, el día de hoy se dio a conocer en diversos medios de comunicación que 4 menores de edad (entre 10 y 13 años) escaparon de esta casa temporal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) luego de una protesta por las condiciones de vida.
Lamentablemente los casos de violencia y maltrato dentro de las instituciones de protección se multiplican en México. En Guadalajara, Jalisco el 22 de julio pasado, cuatro hermanos menores de edad, que desde hace más de dos años vivían en el albergue Nacidos para Triunfar A.C, sin previo aviso y con uso de violencia fueron trasladados a otro lugar. Ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dictó medidas cautelares al pleno del Consejo Estatal de Familia para que se abstenga de cambiar de albergue a niños sin preparación psicológica y solicitó que los niños sean regresados a esta casa hogar. Actualmente, en el albergue se encuentran viviendo alrededor de 145 niños, y en tres años este tipo de situaciones se han repetido por lo menos ocho veces. Hasta el lunes pasado no se conocía el paradero de los niños.
En Zamora, Michoacán, una "casa hogar" se convirtió en un centro de detención para niños y niñas, quienes una vez ingresados no pueden abandonar las instalaciones hasta cumplir 18 años. En algunos casos, los padres denuncian que les han exigido hasta 400 mil pesos por entregarles a sus hijos. En el Estado de Jalisco, la casa hogar “La Gran Familia”, fundada y dirigida por Rosa Verduzco, 'Mamá Rosa' enfrenta denuncias desde hace por lo menos 20 años, de maltrato a las niñas y niños internados en ella, así como por la retención ilegal de menores, dichas demandas han sido ignoradas por autoridades locales y federales. En todos los casos, los niños han sido canalizados a la casa hogar por el sistema DIF.
En días recientes se confirmó el abuso de cuatro niños en Coahuila, dentro de la casa hogar Ejército de Salvación, A.C. la Procuraduría estatal interpusó una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado. Al parecer un ex empleado de la casa hogar cometió abuso emocional y probables atentados al pudor, según la madre de una de las víctimas. La casa hogar se encuentra ahora cerrada y sin personal.
Estos acontecimientos dan muestra de la poca atención que presta el Estado, ya que se continúa sin normatividad ni procedimientos adecuados en materia de espacios residenciales para niños y niñas. Aún con los distintos tratados internacionales que se han firmado, como la Convención sobre los derechos del niño (1989) seguimos sin mecanismos de seguimiento a niños y niñas privados de su entorno parental de manera temporal. La ausencia de normativa homologada y supervisada permite la violación de derechos de la niñez, y permite que este tipo de instituciones criminalice la pobreza, al privar de la libertad a menores en situación de abandono o, a hijos de familias de escasos recursos con problemas de socialización.
En las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño realizadas a México en 2006,(1) como en las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños(2) recomiendan que se deben garantizar los derechos de niñas y niños privados del entorno familiar a través de reglamentos o programas y de las revisiones periódicas a las instituciones donde se encuentren.
Una de las claves para que esto deje de suceder es reconocer las omisiones que las autoridades están teniendo frente a estos casos es así que ni la Ley Federal de Asistencial Social, ni la NOM-167-SSA1-1997 que regulan a las instituciones que desarrollan servicios de asistencia social temporal y permanente, garantizan la atención integral de calidad de niños y niñas, dejando abierta la posibilidad de violaciones de sus derechos; y la arbitrariedad y discrecionalidad en cuanto al cuidado proporcionado, favoreciendo que se repitan situaciones de la misma gravedad.
Aún cuando la percepción social considera al Sistema DIF como el encargado de la infancia; en los hechos carece del marco legislativo, recursos y diseño institucional adecuados para la garantía de derechos de las niñas y niños altamente vulnerados.
La ausencia de responsabilidad financiera y de supervisión por parte del Estado mexicano crea un gran vacío que ha sido aprovechado por grupos que pueden tener perspectivas alejadas a la protección de los derechos de estos niños y niñas, e incluso con intenciones delictivas. Es desde este marco que demandamos:
La ausencia de responsabilidad financiera y de supervisión por parte del Estado mexicano crea un gran vacío que ha sido aprovechado por grupos que pueden tener perspectivas alejadas a la protección de los derechos de estos niños y niñas, e incluso con intenciones delictivas. Es desde este marco que demandamos:
1. A las autoridades correspondientes la elaboración de un padrón público donde se documente la existencia de cada uno de todos aquellos lugares, espacios residenciales y casas de asistencia donde se encuentren niños y niñas.
2. Que los Sistemas DIF federal y estatales, rindan informes públicos sobre el número, lugar y situación de los niños y niñas en albergues temporales y aquellos atendidos en las agencias especializadas.
3. Que se construyan protocolos y procedimientos para la canalización de niños y niñas a albergues temporales y la supervisión de los mismos.
4. Que las autoridades en los órdenes federal, estatal y municipal establezcan mecanismos de planeación, ejecución y supervisión de las políticas públicas dirigidas a la infancia privada del cuidado parental que incluya la participación real de las organizaciones de sociedad civil y de niñas y niños.
5. Que se informe sobre la situación y avances en las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos denunciados en Cancún, Coahuila, Jalisco y Distrito Federal, fincando las responsabilidades penales que correspondan a las y los funcionarios implicados, sea por dolo u omisión.
6. Reiteramos la urgencia de crear a nivel nacional una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General No. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.
7. Es necesario contar con un Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia donde los programas de apoyo social tengan como ejes la no-discriminación, participación, el desarrollo y el interés superior de la infancia.
México D.F., 19 de agosto de 2010.
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
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