El día de hoy 23 de septiembre se celebra el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños” que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

En México, se calcula que alrededor de  85 mil niños y niñas y adolescentes son utilizados en la pornografía infantil y entre 16 mil y 20 mil son explotados sexualmente. A nivel mundial nuestro país tiene el segundo lugar en producción de pornografía infantil.

La explotación sexual es uno de los de los delitos más lucrativos de la delincuencia organizada, después del tráfico de drogas y armas. Se calcula que genera alrededor de 24 mil millones de dólares anuales a nivel mundial, de acuerdo con datos de Infancia Común organización miembro de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

México está considerado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. En Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Sonora, Tabasco y Veracruz se da un importante intercambio comercial y ocurre una intensa movilidad personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y, en menor medida, de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil e incluso de otros continentes. La UNICEF menciona que en 21 de los 32 estados de la República Mexicana se han detectado actividades de turismo sexual infantil.

Existe un contexto de violencia e impunidad contra la niñez que ha permitido el incremento de este delito. Infancia Común reporta que el 74 por ciento de las víctimas es menor de 14 años y el 81 por ciento es niña. Casi el 100 por ciento de los casos ocurre al interior de la familia. En la mayoría, la agresión continúa por meses o hasta años.

Sin embargo, hasta ahora este problema no ha sido atendido por las autoridades ya que no existen políticas públicas, combate efectivo, legislación armonizada, atención a las víctimas y, destaca la ausencia de datos confiables del delito. Ello en gran medida debido a que niños, niñas y adolescentes siguen sin ser considerados ciudadanos. La dificultad de contar con cifras más precisas del número de niñas, niños y adolescentes envueltos en las diversas formas de explotación sexual tiene que ver con las deficiencias en los marcos legales para tipificar adecuadamente los delitos que se cometen contra la infancia en este ámbito. Al no reconocer la voz de niños y niñas, se inhibe la denuncia, que favorece la impunidad y la actuación del crimen organizado, impide saber cuál es el estado de esta situación, cómo afrontarlo y cómo prevenirlo.

Este es el tipo de abuso infantil menos documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales a pesar de la frecuencia de casos. A nivel legislativo, en 25 estados del país no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo cual evidencia el alto riesgo para la niña o niño de sufrir nuevamente estos abusos como parte de la convivencia que se establece en el matrimonio.

El Estado Mexicano al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niños  (CDN) y el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, está obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la CDN. Entre ellos especifica la penalización de la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión de pornografía infantil.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (una coalición de 67 organizaciones en 14 estados de la República Mexicana) demandamos:

• Acciones políticas y jurídicas contundentes ante presuntos responsables de pederastia, pornografía infantil y agresión sexual para frenar la impunidad y el tráfico de influencias, atendiendo al interés superior de la infancia.
• Respeto pleno de la Convención sobre los Derechos del Niño y de sus Protocolos Facultativos.
• Armonización legislativa en todos los ámbitos con la CDN y sus protocolos facultativos, en especial que se tipifique en los estados de Veracruz y Querétaro el delito de pornografía infantil fuera del título de delitos que afectan la moral pública .
• La creación a nivel nacional de una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad e independencia los casos de violaciones a los derechos de niñas, niñas y adolescentes, en la línea de lo que establece la recomendación del párrafo 11 de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado Mexicano de 2006 y de su Observación General no. 2 sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño.

 
México D.F., a 23 de septiembre de 2010.