El pasado 5 de septiembre fue asesinado el adolescente Alejandro Gabriel León Castellanos de 15 años de edad junto con su padre Vicente de León Ramírez, de 45 años, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Cinco miembros más de la misma familia resultaron heridos en la agresión militar, entre ellos dos personas menores de edad uno de tres y otro de siete años de edad.                                                     

Nuevamente las acciones militares violentan los derechos de las y los ciudadanos. Este caso se suma al homicidio doloso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey quienes el pasado 19 de marzo fueron agredidos en las puertas de la Universidad y los militares alteraron la escena del crimen para hacerlos pasar como delincuentes. En otro hecho similar, el 3 de abril una familia de once integrantes fueron atacados por un convoy militar asesinando a los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de 5 y 9 años de edad, al recibir granadas y disparos de militares en Tamaulipas, nuevamente alteran la escena para simular un enfrentamiento. En ambos casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó la intervención del ejército a través de sendas recomendaciones. En otro enfrentamiento en julio pasado, elementos del ejército mataron al niño Héctor Frías Estrada, de 7 años, en Monterrey.

Consideramos destacable que ante lo ocurrido en el caso de la familia León Castellanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tuvo una rápida respuesta al iniciar una averiguación previa, para esclarecer los hechos en los que participaron militares. Asimismo, saludamos la pronta intervención de la CNDH al brindar apoyo a las víctimas y confiamos en que las investigaciones deriven en otra recomendación.

Al mismo tiempo, manifestamos nuestra profunda preocupación por las dificultades que enfrenta el Estado Mexicano para garantizar los derechos de protección a niñas y niños amparados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho a la vida y a la integridad personal está siendo violentado de forma permanente a miles de ciudadanas y ciudadanos.

La impunidad en los casos enunciados sólo permitirá que continuemos conociendo nuevos homicidios cometidos por militares y el crimen organizado trasnacional. Es momento de revisar los protocolos de actuación de las fuerzas militares frente a civiles y revisar el fuero militar que sólo garantiza impunidad y desprestigio a la institución militar. En este sentido, lamentamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de rechazar el análisis del fuero militar. Consideramos que esta es una decisión que fomentará aún más la impunidad en nuestro país la cual protege la permanente violación de los derechos humanos.

Exigimos una investigación profunda e imparcial sobre los hechos antes señalados, deslindando responsabilidades de funcionarios implicados por omisión y/o violación de derechos, llevar a la justicia civil estos homicidios y castigar a los militares responsables. Reiteramos la urgencia de crear a nivel nacional una Defensoría Independiente para los Derechos de la Infancia, encargada de investigar con imparcialidad y autonomía los casos de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

México D.F. a 7 de septiembre de 2010.

Atentamente