Las contradicciones de la reforma al artículo 4º Constitucional, frente a la Convención de los Derechos de la Niñez.

 

I. Antecedentes

El 13 de Diciembre de 1999 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 4º Constitucional relativa a los derechos de la Niñez que crea los siguientes párrafos:

 

Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

   Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

  El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez

La iniciativa de la reforma aprobada data de 1996 en la LVI legislatura y fue presentada por la Diputada Ofelia Casillas Ontiveros, en ese entonces. Posteriormente la iniciativa fue retomada y aprobada por el Senado de la República el 10 de diciembre de 1999 y luego turnada a la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Sin embargo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, encargada del estudio y dictamen de la iniciativa tuvo que elegir entre esta y otra propuesta que fue presentada por los Diputados Angélica de la Peña Gómez Y Alvaro Areceo Concuera en octubre de 1998.

Esta otra iniciativa de reforma  al 4º Constitucional planteaba:

Es obligación de los padres, del estado y de la sociedad, el preservar y proteger los derechos de los niños y niñas con la finalidad de garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. La ley establecerá los instrumentos y apoyos para la protección de los niños y niñas y regulará las instituciones encargadas de la protección al menor.

Son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes: la protección contra toda forma de discriminación; a formar parte de una familia, a la libertad de opinión, conciencia, religión y asociación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a un nombre desde su nacimiento, y a obtener una nacionalidad y preservar su identidad. Será protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, privación ilegal de su libertad, secuestro, venta, tráfico, trata, abuso sexual, explotación laboral y trabajos riesgosos, así como de cualquier otra forma de explotación. Tendrán derecho a la salud, a una alimentación equilibrada, educación, cultura, recreación y seguridad social. Los niños, niñas y adolescentes mental o físicamente impedidos tienen derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especial destinados a lograr su autosuficiencia e integración a la sociedad. Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas tienen derecho a su propia cultura, y emplear su propio idioma.

Gozarán también de las demás garantías consagradas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por México. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento de los derechos aquí mencionados y la sanción correspondiente a los infractores. 

Esta iniciativa fue rechazada por la Comisión dictaminadora por considerar, entre otras cosas, que reduce los derechos establecidos en la Convención (es decir: que los derechos  señalados en la propuesta están incompletos frente a los que garantiza la Convención) aduciendo que tales derechos deben de ser regulados en diversos ordenamientos vigentes y no sólo en uno; además consideró innecesario y redundante  mencionar que los niños gozan de las garantías consagradas en la constitución y otras leyes y tratados. Finalmente  omitió la definición de niño dado que la iniciativa no fundamentó la disposición y, para evitar confusiones, dejar abierta la posibilidad al criterio de los legisladores cuando sea necesario[1].

Con estas objeciones al texto de la Cámara de Diputados, el Comité dictaminador avaló la iniciativa presentada por el Senado y rechazo la de los diputados federales.

 Aún cuando el Comité Dictaminador reconoció la pertinencia de actualizar el contenido del vigente párrafo final del artículo cuarto constitucional, a la luz de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país respecto de los derechos de niños y niñas [2], resulta conveniente analizar la medida en que la reforma resultante cumple con algunas condiciones básicas señaladas en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez para ser realmente una reforma armónica con este tratado.

 Sin embargo, antes de realizar este análisis, es conveniente desarrollar algunas consideraciones previas que permitan ubicar las líneas generales para tal efecto.

 II. El papel de la Constitución en los Derechos de la Niñez.

 Es bien sabido que la Constitución de la República Mexicana es la norma máxima de nuestro país, la que constituye nuestro Estado de derecho y, como lo señala el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro:

 En ella se consagran las bases de aplicación de nuestro derecho, es nuestra ley fundamental, es “la Ley de la ley”, y toda norma secundaria debe basarse en los principios establecidos en la Constitución, es decir, nunca una ley secundaria debe ir en contra ni más allá de los que establece nuestra Constitución.[3]

 De esta forma es fácil ubicar la razón por la cual la noción de los Derechos de la Niñez debe de aparecer en diversas formas dentro de la Constitución, ya que finalmente esta dará origen a todas las disposiciones que harán realidad los derechos que ahí se establezcan, así como los que forman parte de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y que, de acuerdo al artículo 133 de la propia Constitución, forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión a la que tienen que ajustarse todas las leyes estatales.

 Sin embargo, como también lo señala el Centro Miguel Agustín Pro:

 (...)es imposible que en la Constitución se mencionen y desarrollen todas las leyes que tienen que ver con la vida en familia, el comercio, la educación, la salud, etc.; pero los principios fundamentales que orientan estos aspectos de la vida social si están contenidos en la Constitución. Los aspectos detallados de estos aspectos se señalan en otras leyes que se denominan secundarias o derivadas.[4]

 De ahí que se entienda que, cuando hablamos de los derechos de la niñez dentro de la Constitución, debemos pensar en los principios fundamentales y los elementos básicos que deben de estar presentes en este instrumento a fin de afectar todas y cada una de las disposiciones legales de carácter tanto federal como estatal de manera que garanticen en la práctica su cumplimiento.

 Esto nos lleva a un primer criterio de análisis: no se trata, en efecto, de hacer de la Constitución un compendio de los derechos de la niñez establecidos en la Convención, sino de construir los principios y los derechos básicos que den el soporte necesario para su cumplimiento.

 ¿De qué manera deben aparecer estos principios en la Constitución?¿en un artículo o a lo largo de la misma?

 Esto no es una discusión fácil ni que se revuelva solo mediante la técnica jurídica. Podemos tomar como una referencia el hecho de que el Comité de los derechos del Niño de la ONU[5] ha reconocido[6] a aquellos Estados que han incorporado dentro de sus Constituciones (nuevas o existentes) secciones referidas a la niñez y que reflejan al menos algunos principios básicos de la citada Convención.

 Sin embargo, para ver la conveniencia de incluir una sección especial de los derechos de la niñez o no, es necesario mirar la forma en que tal noción aparece en la Constitución toda y hasta que punto los derechos que se establecen para todos los mexicanos y los que se refieren a la niñez en particular son congruentes y adecuados frente a los principios de la Convención. Lo cual constituye un segundo criterio de análisis.

 Parafraseando a Hodgkin y Newell[7] muchos países aparentan contar en su Constitución con varios de los requisitos de la Convención que permiten garantizar derechos y libertades específicas a todos sus ciudadanos, incluidos los niños; lo cual es una ilusión ya que en la práctica los niños no pueden hacer valer esos derechos de la misma manera que los adultos e incluso muchas veces se ven sometidos a los de éstos últimos.

 Esta noción nos lleva a un tercer criterio de análisis: las condiciones establecidas en la constitución para que un niño o una niña puedan hacer valer sus derechos.

 Los criterios de análisis nos permitirán distinguir los principios y derechos establecidos en la Convención que deberían de estar presentes dentro de un marco legal como es la Constitución. Para lo cual es necesario también referirnos a una de las ideas en las que más ha insistido el Comité de los Derechos del Niño: la importancia de analizar estos principios y derechos no como aspectos separados sino con una gran vinculación entre sí.

 Desde nuestra perspectiva, uno de los principios básicos tiene que ver con la definición de niñez.

 III. Análisis de la reforma constitucional

 Para este análisis utilizaremos dos ejes de referencia:

 ·        La definición de niñez ·        El interés superior de la niñez

La definición de niñez

 La definición de niñez es relevante en un instrumento como la Constitución Mexicana debido dos razones básicas:

 ·        Permite ubicar la edad a partir de la cual se adquieren determinados derechos o se pierden ciertas medidas de protección

·        La consideración de que la infancia es un período especial de la vida humana en la que se constituyen los elementos fundamentales del desarrollo del sujeto y, por lo mismo es una etapa de especial vulnerabilidad en donde es necesario brindar aquellas condiciones que la garanticen de manera adecuada.  

El gran avance de la modificación constitucional es que introduce por primera vez el concepto niños y niñas, lo que resulta valioso para entender esta etapa de la vida como una etapa especial y, además, atiende a una de las preocupaciones por las que diversos grupos han venido pugnando: la distinción de género. A este respecto incluso se han acuñado frases que hacen ver que si la condición de ser niño en América Latina es sinónimo de marginación, la condición de niña las coloca en una doble marginación debido a las condiciones culturales que han prevalecido y que las colocan en una mayor desventaja frente a los hombres.

Pero este importante avance se ve negado inmediatamente por la omisión de la edad como parámetro de niñez.

Bajo los argumentos de que este parámetro cambia de acuerdo a las condiciones culturales y de que la propia Convención Internacional de los Derechos de la Niñez deja abierta la posibilidad a otra edad, la comisión dictaminadora  procede a omitir la consideración de la edad.[8]

Dicho sin reservas, esta omisión constituye un atentado contra los derechos de la niñez ya que deja la puerta a que cada estado determine entre otras cosas la edad a la que niños y niñas pueden ser sujetos de edad penal.

Tal omisión sólo puede ser explicable en un clima electoral en el que fue aprobado el dictamen; clima en el que uno de los temas recurrentes, ante la inseguridad social que prevalece en el país, ha sido la propuesta de reducir la edad penal. Cabe recordar que en casi la mitad de los Estados de la República Mexicana esta edad se ha fijado a los 16 años y no a los 18.

La necesidad de plataformas electorales eficaces lleva a los postulantes a plantear la propuesta de reducción de la edad penal bajo el supuesto de que en esa medida disminuirán los delitos cometidos por adolescentes. Ningún análisis serio soporta tal argumento, sobre todo porque aísla los problemas de la inseguridad de otros como la falta de empleo, de oportunidades de educación y de acceso a una vida digna.

Esta omisión se contrapone a tratados Internacionales que comprometen al Estado mexicano, como las Reglas de Beigín y las Directrices de RIAD, tanto como al espíritu mismo de la Convención.

En efecto y como lo señala el Manual para el Reporte de los Derechos Humanos de 1997 - publicado por el Centro de los Derechos Humanos de la ONU, respecto del   artículo 1 de la Convención que dice “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años” y luego menciona “salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”: tal expresión en ningún sentido debe de ser interpretada como una cláusula general de escape, ni deberá permitir el establecer edades que vayan contrarias a los principios y provisiones de la Convención (p. 414).

 Para el Comité de los derechos del niño de la ONU, por otro lado, en ningún caso la Convención absuelve al Estado Parte de sus obligaciones hacia los niños menores de 18 años, aún si han alcanzado la mayoría de edad bajo las leyes locales.[9]

 Así, la omisión del referente de edad en la reforma constitucional no sólo tiene implicaciones para las cuestiones penales, sino que , de manera grave, deja en la ambigüedad la edad hasta que niños y niñas deberían de gozar diversos beneficios por ser considerados como tales.

 El mayor riesgo de ello es que, al igual que lo que ocurre en el caso de la edad penal, diversos derechos puedan quedar al libre albedrío de los congresos locales; sobre todo cuando se trata de aquellos que no están plenamente establecidos en otros artículos de la Constitución y demás ordenamientos legales de carácter federal o estatal.

 En otra palabras, si bien la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez permite que los Estados parte utilicen edades por debajo de los 18 años para propósitos específicos (como para considerarlos sujetos de infracción, para permitirles trabajar o contraer matrimonio, entre otras cosas), el criterio de los 18 años como sinónimo de niñez aspira a establecer un parámetro adecuado para el más alto nivel de protección que debería gozar un ser humano, no sólo para sobrevivir, sino para desarrollarse en condiciones adecuadas.

 Este debate no es gratuito, las últimas décadas nos han mostrado que para los gobiernos resulta relativamente fácil recortar el gasto público aún en aspectos elementales como son la salud y la educación a fin de sostener a como de lugar la dinámica económica. Los resultados para la niñez no se han hecho esperar: muerte prematura, condiciones infrahumanas, vida y trabajo en la calle, explotación económica, sexual y comercial, etc.

La omisión de la edad en el artículo 4º no va a obligar a los gobiernos federal y estatales a un mayor esfuerzo a favor de este sector de población que se ubica por debajo de los 18 años de edad.

 De haberse incluido el criterio de edad en esta modificación hubiera traído diversas implicaciones, por ejemplo, al decir que los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, con el criterio de la edad hubiera sido necesario entrar a un análisis de las consecuencias que esto tiene para la educación y la edad hasta la que esta debe de ser gratuita y obligatoria; sobre todo cuando el propio artículo tercero constitucional en el párrafo V establece que además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

 Este simple ejemplo hace pensar que la sola omisión del la edad hasta la que se es niño o niña provocará que pocas cosas cambien en las condiciones de vida de esta población.

El interés superior de la niñez

 El artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia establece el principio del interés superior de la niñez como el eje sobre el que se desarrollarán las medidas en torno a niños y niñas.

 En la modificación constitucional este principio no aparece, al menos como tal.

 Los párrafos finales de dicha modificación establecen que: 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

  El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez

 ¿En qué medida estos enunciados dan cuenta del principio del interés superior de la niñez?

Algunos países ha introducido en sus Constituciones el principio del interés superior de la niñez tal cual, otros lo han hecho en Códigos específicos. Sin embargo los alcances de este principio van más allá de su mera  inclusión literal. Tal inclusión sin otros elementos puede llevar a desviaciones como considerar que los derechos de la niñez están por encima de los derechos de otros individuos.[10]

 Como lo señalamos en otros espacios, el principio del interés superior de la niñez implica:

 que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.[11]  

El texto mismo del artículo 5 de la Convención da la pauta de los elementos que deben de ser considerador como constitutivos del interés superior del niño:

 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Aunque el artículo tiene amplias implicaciones en diversos aspectos específicos (como puede ser en cuanto a las responsabilidades de los padres, la adopción, la justicia juvenil entre muchas otros), se ha enfatizado la importancia de que su interpretación de ninguna manera niegue cualquiera de los derechos establecidos en la Convención, evitando así que a nombre del bienestar de la niñez se comentan las violaciones más diversas.

 Sin embargo existen algunos elementos básicos en la Convención los que le dan  sentido a éste principio :

1. La no discriminación:

 Constituye una garantía de igualdad para todas las personas para el disfrute y ejercicio pleno de todos los derechos y libertades establecidos tanto en la Convención, como en nuestra Carta Magna y otros tratados internacionales.

 Al respecto la propia Constitución en su artículo primero establece  este principio; sin embargo la más recientes observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, muestra que prevalecen situaciones de discriminación hacia niños y niñas en diversos campos por lo que : 

A este respecto, el Comité exhorta al Estado Parte a que siga adelante con estas iniciativas para introducir en la Constitución los principios de la no discriminación y del interés superior del niño (CRC/C/15/Add.112 p. 17) 

La recomendación no resulta casual ya que en la medida de que el principio de no discriminación referido a la niñez se encuentre presente desde la constitución las leyes que de ésta se desprenden deberán ajustarse al mismo y se erradicarán prácticas como el hecho de que las edades legales mínimas para contraer matrimonio de los niños (16) y de las niñas (14) en la mayoría de los Estados del Estado Parte son demasiado bajas y de que estas edades son distintas para los niños y las niñas (CRC/C/15/Add.112 p. 16). 

2. La importancia de adoptar disposiciones en la máxima medida que permitan los recursos disponibles para garantizar una vida digna y el máximo estado de supervivencia y desarrollo para la niñez.

 Esta es una referencia a los artículos 4 y 6 de la Convención. Hodkin y Newell[12] plantean que durante los preparativos de la Convención una versión preliminar, al referirse a las obligaciones de los Estados parte,  mencionaba el compromiso de garantizarlos “de acuerdo a los recursos disponibles”.

 El párrafo segundo del artículo 4º de la convención establece que:

 En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Si comparamos estos enunciados con los que se establecen en la reforma constitucional (El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.   El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez), podemos darnos cuenta que éstos últimos resultan tibios frente a la Convención.

Proveer lo necesario u otorgar facilidades se parecen muy poco a la noción de hasta el máximo de los recursos que se dispongan y crean un sentido de obligación muy diferente de parte del Estado e incluso indicadores que son difíciles de evaluar.

Al hablar del máximo de recursos disponibles tenemos que referirnos a indicadores muy concretos como puede ser el monto del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a derechos como la educación, la salud etc. Baste decir, como ejemplo,   que la UNESCO recomienda destinar al menos un 8% del PIB a la educación mientras el nunca ha podido acercarse a esto.

Esta idea lleva de manera inmediata a pensar en el párrafo segundo del artículo 6º de la Convención que establece que

Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Nuevamente la ausencia de nociones como la máxima medida posible dentro del texto de la modificación constitucional llevan a poner en duda los alcances de la misma y el grado de obligación que adquiere el gobierno y la sociedad para garantizar los derechos de la niñez.

No es de extrañar que, en sus observaciones al segundo informe del Estado mexicano (1999), el Comité de los Derechos del Niño de la ONU manifieste su preocupación porque:

pese a las disposiciones tomadas por el Estado Parte a este respecto, gran número de menores y sus familias sigan sufriendo las consecuencias de la pobreza y de las desigualdades sociales y regionales. El Comité reitera su recomendación (CRC/C/15/Add.13, párr. 16) de que esas disposiciones se tomen "en la máxima medida que permitan los recursos disponibles" sobre la base de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención. El Comité recomienda además que el Estado Parte dé prioridad a la dotación de un crédito presupuestario suficiente para los servicios sociales en favor de la infancia y que se preste atención particular a la protección de los niños pertenecientes a grupos vulnerables y marginados. (CRC/C/15/Add. 112, párr. 15)

Esta es una de las principales condiciones para construir políticas efectivas que permitan proteger a las niñas y los niños contra todo tipo de peligros que atentan contra su vida y su dignidad.

3. El respeto a la opinión del niño o la niña en todo aquello que es de su interés.

Finalmente un elemento constitutivo de la noción del interés superior de la niñez resulta ser el derecho del niño o la niña a manifestar su opinión y a que sea escuchada en aquellos asuntos que les afectan.

El reconocimiento de este derecho no hace otra cosa sino enfatizar la importancia de la participación infantil como elemento constitutivo del desarrollo de la niñez y tiene al menos dos implicaciones:

·        La posibilidad de que en los procedimientos legales, administrativos y jurídicos esta opinión tenga posibilidad de influencia. Jueces, maestros, médicos, policías, padres de familia etc. deberían de aprender a tomar en cuenta la opinión de niños y niñas.

·        El fortalecimiento de la cultura democrática en nuestro país no solo como posibilidad de futuro, sino como práctica presente, pues la participación infantil involucra a los adultos que les rodean.

En todo caso la omisión dentro de la reforma constitucional de la noción del interés superior de la niñez acota uno de los elementos más enriquecedores del ejercicio del derecho de la infancia: la construcción de una sociedad más justa, responsable y democrática.

IV. A manera de conclusión

Resulta evidente que a pesar de que la modificación constitucional fue aprobada posteriormente a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de octubre de 1999, las mismas no fueron tomadas en cuenta para introducir obligaciones que permitan vislumbrar cambios importantes para las condiciones de vida de la niñez.

Pese a el avance que significa introducir en la Constitución la noción de niño y niña, así como el de hacer referencia a algunos de los derechos de la niñez establecidos en la convención y dejar claro que existe obligación de parte del Estado y de los tutores del niño o la niña para el respeto y cumplimiento de sus derechos, podemos concluir, al comparar esta modificación constitucional frente al espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que resulta limitada e incluso deja abierta la posibilidad para que se contravengan los principios que le dan origen, como lo hemos ejemplificado anteriormente.

Preocupa que la Ley reglamentaria que se desprenda de esta modificación constitucional tenga también alcances muy limitados. De hecho ya desde el año pasado advertíamos que:

si las modificaciones a la constitución son demasiado ligeras, es posible que sea difícil establecer una ley que permita la defensa de los derechos de la niñez en la práctica cotidiana y que dicha ley sea sólo una declaración de buenas intenciones que no establezca obligaciones mínimas a quiénes deben tenerlas.[13]

Finalmente, consideramos que la modificación al artículo 4º Constitucional deberían de ser más cercanas a los principios y nociones establecidas en la Convención, no solo porque son ya compromiso sino porque además existe una amplia reflexión en torno a ello y sobre la forma en que dan origen a leyes o políticas para hacer cumplir dicho acuerdo.

Recapitulando, consideramos que - sin hacer un listado exhaustivo de los derechos de la niñez, en una reforma constitucional al menos deberían de haber aparecido las siguientes nociones:

  • La consideración de niño y niña como todo ser humano menor de dieciocho años de edad. 
  • El reconocimiento del Estado Mexicano de que todo niño o niña tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todas  las medidas que se adopten deban atender a su interés superior.

 ·        La obligación del Estado Mexicano de garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño y de asegura la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar para que, con este fin se tomen todas la medidas legislativas y administrativas adecuadas.

·        El reconocimiento de que niños y niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, participación y todos aquellos establecidos en la Constitución y demás tratados nacionales e internacionales.

Por desgracia la discusión de esta reforma fue excluyente de la participación de amplios sectores de la sociedad y no hubo la posibilidad de que estas u otras propuestas pudieran influir en el texto aprobado.

Finalmente creemos conveniente apuntar que aún cuando una reforma así pudiera proceder – lo cual resulta difícil de imaginar en el corto plazo cuando ya han sido aprobadas aquellas que hemos venido analizando – ello no reduce la necesidad de que la Constitución se piense de manera integral a partir del nuevo derecho de la niñez originado desde la Convención.

Cada vez son mayores las voces desde diversos sectores que apuntan a la necesidad de un nuevo constituyente que de cuenta de todas aquellas necesidades presentes en la vida moderna y que permita la construcción de mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Para nosotros estos significa la necesidad de dar cuenta de uno de los más preciados y todavía poco conocidos descubrimientos de estas últimas décadas: los niños y las niñas.

Referencias:

[1]  Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Dictamen de la Iniciativa que adiciona y reforma el artículo 4º constitucional y de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[2] Ibidem.  P. 14. inciso H.

[3] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Manual de Capacitación Jurídica. Capítulo II-I

[4] Ibidem

[5] El Comité de los Derechos del Niño de la ONU es el organismo encargado de dar seguimiento a la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez en los Estados Parte. El Estado Mexicano al firmar la Convención adquirió no sólo el compromiso de cumplirla en el país, sino de dar cuenta de los acuerdos de carácter internacional ahí establecidos, entre ellos el de presentar informes periódicos de su aplicación ante este Comité y de tomar como referencia las recomendaciones que éste le haga al respecto.

[6] Hodgkin, Rachel and Peter Newell. Implementation handbook for the Convention on the rights of child. Unicef, New York, USA, 1998. p. 62.

[7] Ibidem . p. 61.

[8] Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.  Op. Cit. pp. 17-18

 

[9]  Human Rights Committee. General Comment 17, HRI/Gen/1/Rev.2, p.24

 

[10] Un ejemplo de ello lo podemos ver en  el artículo 5 inciso A del Anteproyecto de ley para la protección de los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes, presentado por las Diputadas Angélica de la Peña, Patricia Espinoza y Marta Carranza en abril de 1999:  Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos se verá, en todo momento, condicionado al ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los y las adolescentes

 

[11] Comité por la Ley de Niñas Niños y Adolescentes. Propuesta de ley de Niñas, Niños y Adolescentes. p. 8

[12] - Hodgkin, Rachel and Peter Newell. Implementation handbook for the Convention on the rights of child. Unicef, New York, USA, 1998. p. 55.

 

[13] Sauri, Suárez Gerardo. Boletín informativo del Comité por la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes. México, Octubre de 1999.

 


Por Gerardo Sauri Suárez

Del equipo de Ednica I.A.P.

Con comentarios de Fernando Viveros, Norma Negrete y Sandra Chávez

Respaldan el documento:

Espacios de Desarrollo Integral A.C., Ednica I.A.P., Fundación San Felipe de  Jesús I.A.P., Mama A.C., Unidad de Capacitación Educativa para la Participación A.C., Unión Nacional de Mujeres Mexicanas A.C.

México, Abril del 2000

 

Derechos Infancia México es un proyecto de la Red por los Derechos de la Infancia en México.| Contacto | Organizaciones . México, actualización enero 2003.