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El fenómeno de la delincuencia infanto-juvenil
es consecuencia de las contradicciones y tensiones
sociales expresada en estos sectores por ser los más
vulnerables y que refleja una inseguridad pública
mayor expresada en dos dimensiones: inseguridad de
niños, adolescentes y jóvenes empobrecidos
con un futuro incierto e inseguridad de la sociedad
en general frente a la reacción y conducta
de esta población más joven.
Las
contradicciones señaladas tienen que ver principalmente
con las derivadas de la situación de desigualdad
económica y de pobreza para las mayorías.
Por su parte las tensiones sociales se relacionan
con las tensiones políticas derivadas de un
complejo proceso democrático.
De
esta forma, las instituciones tradicionales como la
familia, la escuela y el barrio, se encuentran disminuidas
para ayudar a niños, adolescentes y jóvenes
a una plena integración en el cuerpo social
y para el ejercicio pleno de sus derechos. De esta
forma, esta población se ubica en circunstancias
de riesgo psicosocial, provocando que algunos asuman
formas de expresión ajenas o claramente opuestas
a las normas y valores establecidos.
Paradójicamente,
estos niños, adolescentes y jóvenes
son tratados como desviados y amenazas sociales cuyas
conductas se buscan castigar a través de medidas
como la reducción de la edad penal y acciones
que criminalizan la pobreza de esta población
y no ofrecen oportunidades de rehabilitación
ni de restitución de sus derechos y menos aún
buscan la prevención de las condiciones que
les ponen en conflicto con la ley. Por otro lado,
las medidas que prevalecen para el tratamiento de
niños, adolescentes y jóvenes en conflicto
con la ley derivan aún de una doctrina tutelar
que no garantiza sus derechos en acuerdo con las normas
internacionales en la materia y por el contrario les
coloca en un mayor riesgo de incorporación
a la dinámica de la delincuencia.
Propuestas
de politica pública:
-
Redimensionamiento
racional del fenómeno. Investigar profunda
y sistemáticamente sobre este fenómeno,
incorporando elementos que permitan obtener una
nueva visión, interpretación y abordaje
que elimine la visión de juventud como
sinónimo de delincuencia que ayude a la
sociedad a superar el pánico y alarma social
y les brinde herramientas de solución.
-
Prevención
de las situaciones de riesgo en niños,
adolescentes y jóvenes. Implica la procuración
de mejores condiciones de vida para la población
más joven para reducir la inseguridad,
realizar una gran inversión económica
en múltiples programas preventivos que
garanticen la disminución de conductas
de conflicto social y apoyo técnico y financiero
a las iniciativas de la sociedad civil organizada
que trabajan en la prevención y atención
de este fenómeno.
-
Creación
de un sistema de justicia juvenil general y reformular
las leyes para los adolescentes y jóvenes
infractores. Este sistema deberá de estar
basado en la doctrina de la protección
integral reflejada en los diversos convenios y
tratados signados por el estado mexicano. En particular
se deberá de homologar la edad penal a
los 18 años en todo el país y modificar
aquellas legislaciones, normas y procedimientos
que atenten contra los derechos del niño
y no garanticen su apropiada rehabilitación.
En particular la doctrina de protección
integral lleva a:
• Privilegiar las medidas de tratamiento
alternativas a la privación de la libertad
• Utilizar la privación de la libertad
como último recurso
• Orientar a la reparación del daño.
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