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Las
propuestas que apuntan a reducir la edad penal de
los dieciocho años a los dieciséis para
que una persona puede ser considerada sujeto de procedimiento
penal, de aprobarse, tendrían un impacto
altamente negativo en niños y jóvenes
de grupos en las peores condiciones de marginación,
exclusión y pobreza.
Es
un hecho que los grupos que mayores dificultades han
tenido para acceder a una procuración y aplicación
de justicia apropiada, independientemente de su edad,
son los grupos pertenecientes a los sectores más
empobrecidos dentro del país.
La
falta de información, los bajos niveles educativos,
la poca posibilidad de contratar a un abogado que
les defienda frente a personas con mayor capacidad
económica o la deficiente preparación
de abogados de oficio, los sistemas de procuración
de justicia que se ensañan precisamente con
los más débiles; son todos estos parte
de los problemas que padece día con día
una amplia capa de población en México,
independientemente de si se trata de una víctima
o un victimario.
Por
otro lado, si algo es posible constatar en el sistemas
de reclusión mexicanos es que quienes se encuentran
presas generalmente son aquellas personas que no han
logrado manipular el sistema jurídico para
estar libres, salvo en honrosas excepciones.
Las
cárceles en nuestro país, hace muchos
años que dejaron de intentar cumplir con la
función que desde la ley tienen como mandato:
rehabilitar y reincorporar a la sociedad.
Por
el contrario el sistema penitenciario se caracteriza
entre muchas cosas por fortalecer las conductas delictivas
en lugar de inhibirlas a través de procesos
de re- educación: el hacinamiento, la falta
de actividades educativas o productivas, el tráfico
de drogas e influencias, el control de los centros
por parte de mafias a las que los propios custodios
se someten, las enfermedades, desnutrición,
violencia y abuso físico y sexual; entre muchas
otras, son parte de las condiciones que prevalecen
en la mayor parte de centros de reclusión del
país.
Lo
grave es que las circunstancias de pobreza y falta
de oportunidades en que se desenvuelven millones de
niños y adolescentes mexicanos los han colocado
en un alto riesgo de confrontarse con la ley. Lo cual
se suma al hecho de que la adolescencia es un período
de especial propensión a romper las reglas
social y familiarmente establecidas, aún en
los estratos más acomodados.
Sin
embargo, en un marco de enormes carencias los riesgos
aumentan (por ejemplo la vulnerabilidad de adolescentes
a ser utilizados por mafias organizadas para cometer
actos delictivos tales como el tráfico de drogas
o de personas) y las posibilidades de defenderse y
salir bien librado de una acusación se reducen,
lo que no ocurre frecuentemente con jóvenes
de sectores más favorecidos social y económicamente,
aún cuando los actos cometidos sean de mayor
gravedad.
En
esta situación, niños que han padecido
la exclusión social y el incumplimiento de
sus derechos fundamentales dentro de una sociedad,
serán blancos más fáciles de
los sistemas represivos, por eso muchos autores han
denominado medidas como la reducción de la
edad penal como una forma de “criminalización
de la pobreza”.
A
esta población no sólo se les habrá
negado la oportunidad de una vida digna, sino que
una vez dentro de los sistemas penales actuales se
incrementará la posibilidad de que nunca sean
rehabilitados, se vean sometidos a mayores abusos
y aumenten las conductas agresivas.
Así
en los países en donde la edad penal es más
temprana y se admiten penas como la muerte o la cadena
perpetua para niños y adolescentes, las estadísticas
muestran que no se han reducido los índices
delictivos y existe además la hipótesis
de que, por el contrario, las formas de delinquir
se vuelven más sofisticadas.
Pero
no siempre es la población la que pone en la
agenda local o nacional el tema de la reducción
de la edad penal, sino actores políticos determinados.
Durante
los más de 10 años de vigencia de la
Convención de los Derechos del Niño
en México, como una de las leyes supremas del
país sistemáticamente violada u olvidada,
ha sido recurrente que diversos funcionarios públicos,
políticos de los partidos más variados
y personalidades de la vida social mexicana se vean
tentados a proponer reducir la edad penal. Se ha llegado
a escuchar propuestas de reducirla esta edad a los
12 años, como un caso reciente en Guanajuato
por parte de diputados del PAN.
Las
iniciativas no terminan ahí, hay otras para
aplicar un sistema de "imputabilidad casuística".
Un dicho popular en México dice "según
el sapo es la pedrada" y este podría señalar
la esencia de la imputabilidad casuística:
de acuerdo al delito, será la sanción,
sin importar mucho la edad del implicado. Este es
un modelo que hace muchos años se aplica en
algunos Estados de la Unión Americana, de ahí
que adolescentes hayan sido condenados a muerte o
a cadena perpetua.
Las
cosas no terminan en propuestas, para principios del
año 2001 en México de sus 32 Estados,
15 han reducido la edad penal a los 16 años.
El último caso registrado fue en el Estado
de Tlaxcala donde dicha reducción se aprobó
por unanimidad por el Congreso local en el mes de
marzo.
En
el mes de julio un diputado del PRI en Baja California
y ahora el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador en la Ciudad de México han vuelto,
cada quién en sus respectivos Estados, a poner
el tema en la agenda de discusión.
Para
que estas propuestas ocurran no ha sido necesario
ser de un partido o de otro: en México históricamente
miembros de las principales fracciones en Congresos
locales o federal han hecho suyas este tipo de iniciativas
y, de tanto en tanto suelen ser aprobadas.
Los
motivos para dar cause a este tipo de propuestas pueden
variar. En muchos casos encontraremos el solo deseo
de un diputado o fracción de ganar popularidad
ante una población deseosa de seguridad. Así,
pareciera que es más práctico castigar
a más temprana edad a una persona, que garantizar
empleo o mejores remuneraciones a un sector amplio
de ciudadanos; por ello las propuestas de reducir
la edad penal llegan a aparecer como una salida "barata"
en términos de gasto público y que puede
ser incluso aplaudida por la población: las
encuestas hechas por diversos medios de comunicación
masiva muestran que una mayoría aprobaría
estas medidas.
En
otros casos es posible encontrar una preocupación
más profunda determinada quizá por hechos
delictivos en donde menores de edad se han visto involucrados.
La demanda por parte de ciertos sectores de la población
en torno al castigo a un adolescentes puede aumentar
cuando los actos ocurridos adquieren un matiz de brutalidad.
De
manera natural la respuesta a ello es casi siempre
la reducción de la edad penal.
Tal
situación hace que se generen una serie de
preguntas a las que es importante brindar un poco
de atención:
· ¿Qué
tan amplia es la participación de niños
y adolescentes en actos delictivos?
· ¿Un
niño o adolescente que comete un acto de
brutalidad debe de quedar iimpune? |
