La Convención de los Derechos del Niño (CDN) debiera ser el principal instrumento para inspirar las políticas públicas en un país como México porque esta ofrece una forma de ver y tratar a la niñez apropiada a sus necesidades y capacidades.

Pero además, al haber sido ratificada por el Senado en 1990, la CDN se convirtió desde entonces en Ley suprema para todo el país, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma las acciones de gobierno (sus planes, programas y proyectos), tendrían que regirse por lo establecido en este acuerdo internacional.

Así mismo, la CDN establece tanto en su artículo 4º que Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.

Así, a pesar de más de 10 años de vigencia de la Convención encontramos que no sólo se trata de un instrumento con un amplio potencial para ayudar al diseño y organización de la acción pública en materia de infancia, sino que durante el período de su vigencia ha sido prácticamente escaso el análisis de sus implicaciones para la política pública por parte de quienes toman decisiones en este ámbito y, en consecuencia su aplicación como acuerdo de carácter internacional no ha afectado de manera sustancial y positiva las condiciones de vida de niñas y niños en México.

Por su parte, el artículo 44 de este instrumento obliga a los Estados Parte a presentar un informe periódico sobre los avances en el cumplimiento y aplicación de los Derechos establecidos en el mismo. Estos informes deben ser presentados al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, organismo encargado de supervisar la forma en que se aplica la Convención. Dicho Comité a hecho algunas recomendaciones a los Estados parte que en alguna forma pueden ser entendidas como pautas sobre la forma en que la Convención está siendo aplicada en un país.

Consideramos que el análisis de cada una de estas pautas que sugiere el Comité de los Derechos del Niño, pueden ser de utilidad para verificar la forma en que las políticas públicas en México dan cuenta de la Convención. Estas pautas se refieren a: