En
1990 ocurrieron dos hechos importantes en materia
de infancia en México: por un lado se ratificó
la Convención de los Derechos del Niño,
por otro lado, México junto con otros 5 países
más promovieron la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia una reunión que derivaría
en acuerdos para toda la década en materia
de políticas públicas para la niñez.
Sin
embargo las metas establecidas en la Cumbre de 1990
a nivel mundial no correspondieron a los principios
establecidos en la Convención de 1989. Esto
fue así debido a que el proceso de elaboración
de las Metas corrió paralelo al de la Convención.
Dicho de otra forma las Metas de la Cumbre no reflejaron
de manera cabal la nueva visión de la infancia
que aporta la Convención y que es enriquecedora
sobre todo para la política publica.
De
entre los varios resultados de esta separación
de procesos podemos señalar que en las Metas
de la Cumbre prevalecieron aquellos compromisos
dirigidos a garantizar la supervivencia de la niñez
y en menor medida un desarrollo integral, como propone
la Convención. En otras palabras en las metas
de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia prevaleció
una visión asistencialista que reflejaba
el tipo de políticas prevalecientes, pero
no un compromiso por hacer valer la CDN a través
de nuevas políticas públicas.
Así,
Gobiernos como el mexicano, encabezado en ese entonces
por de Salinas de Gortari, establecieron compromisos
dentro de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia,
que no eran otra cosa sino la suma de acciones que
ya se realizaban o que estaban enmarcadas dentro
del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, acciones
que no significaban una modificación substancial
en materia de política pública y gasto
social.
El
gobierno de Ernesto Zedillo continuó con
esta línea: dar cuenta en el Plan Nacional
de Acción a favor de la Infancia 1995-2000
principalmente de los compromisos de la Cumbre,
pero no de construir uno a partir de los compromisos
establecidos dentro de la CDN, lo que hubiera generado
otro tipo de políticas públicas.
Al
final de la década dicho gobierno se limitó
a presentar cuentas alegres sobre la situación
de la infancia en el país, sin reflejar el
enorme deterioro en la calidad de vida de esta población
y la aparición de nuevas y sofisticadas amenazas
para su vida y desarrollo.
El
gobierno de Vicente Fox arribó al poder en
diciembre de 2000, en medio de importantes promesas
de campaña hacia los niños, con los
cuales ha aparecido en diversos actos públicos
de manera constante en lo que va de su mandato,
lo que sin duda lo compromete frente a esta población.
Amplios
sectores de la sociedad esperarían profundas
reformas y acciones claras y decididas para promover
mejores condiciones de vida para la niñez
mexicana.
Sin
embargo las primeras acciones emprendidas por el
gobierno foxista muestran algunos focos de preocupación
a los que deberá atenderse para superar las
contradicciones de administraciones pasadas.
Así
por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo (instrumento
que ha sido de alguna manera el eje estructurante
de las políticas públicas a nivel
federal) elaborado por la presente administración
para el período 2001-2006 se ocupa de la
niñez en algunos apartados principales que
no ofrecen una visión suficiente sobre lo
que se pretende hacer para detener el impacto de
las políticas económicas y sociales
en la niñez y garantizar su pleno desarrollo.
El
PND, en el área de desarrollo social y humano,
aborda algunas de estos problemas en el objetivo
rector 2 (consultar el extracto aquí), referido
a acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
Así, el inciso d, compromete a Dar protección
y promover el desarrollo pleno de niños y
adolescentes, para lo cual menciona las siguientes
medidas:
Un
Plan Nacional de Acción debería contar
con objetivos y metas claras y medibles, así
como con indicadores específicos que muestren
el impacto a lograr. La omisión de un Plan
debilita las posibilidades y alcances de la política
pública dirigida a la niñez, al perderse
en una amalgama de acciones descoordinados y sin
un sustento teórico sólido.
Esta
situación se agrava en la medida en que las
acciones que hasta el momento se han emprendido
en aspectos específicos, por parte del gobierno
federal, presentan serias contradicciones. Ejemplo
de ello es el programa de la calle a la vida, publicitado
hasta el hartazgo por el gobierno foxista, pero
que no cuenta con fondos públicos para operar.
Situación similar ocurre con el programa
de atención y seguimiento contra la explotación
sexual comercial infantil.
Hasta
el momento la infancia a aparecido como parte de
la escenografía que acompaña a los
responsables de las políticas pública
en México, sin que se perciba la creación
de estructura sólidas para garantizar sus
derechos.
El
riesgo de débiles políticas públicas
dirigidas a la infancia aumenta en el contexto actual
en el que diversos gobiernos del mundo son renuentes
a adoptar compromisos dirigidos claramente a la
protección de los derechos del niño,
dentro de lo que será la Sesión Especial
sobre Infancia que se realizará posiblemente
en el año 2002 para renovar los acuerdos
en esta materia a nivel mundial para otra década.
Es
por lo anterior recordar que la Convención
ofrece elementos innovadores para organizar las
políticas públicas desde una estrategia
integral:
Se preocupa tanto de las acciones para garantizar
la supervivencia de niñas y niños
como por aquellas que estimulen su máximo
desarrollo posible. Incluso puede interpretarse,
desde la perspectiva de la Convención, que
las acciones de supervivencia no pueden ser avaladas
si no consideran la forma de promover el desarrollo
integral de la niñez.
Contempla
ámbitos básicos a los que debe de
atender la política pública para garantizar
los derechos de la infancia:
Ayuda
a considerar políticas en materia de derechos
culturales, políticos, económicos
y sociales.
Ofrece
medidas que van desde el cuidado del embarazo, hasta
la educación profesional, pero también
cuando se encuentra fuera de sus espacios de referencia:
su familia, su patria, su grupo étnico.
Pondera
el valor y apropiación del concepto de derechos
por parte de niñas, niños y sociedad
en general como condición ligada estrechamente
a su verdadero cumplimiento.
Ofrece
principios normativos fundamentales para resolver
los vacíos y las contradicciones en materia
de justicia juvenil, tema que es materia de preocupación
constante de gobiernos y sociedades.
Promueve
la creación de sistemas de información
y monitoreo eficientes que den cuenta del estado
que guarda la aplicación de la CDN en las
diversas regiones del país.
